Manifestación por LyF. (AP Photo / Eduardo Verdugo)
Mediodía. 28 grados a la sombra. Arden las piedras que revisten una de las plazas más grande del mundo. Roberto Salcedo siente el estómago cómo revuelto.
Hace 10 días que no come y ya no sabe distinguir la sensación de hambre. Las ojeras se le están ahondando y reconoce estar un poco cansado, sobretodo por el calor, pues aunque una carpa le protege del sol, la lona blanca produce efecto invernadero. Aún así, sigue dispuesto a continuar el tiempo que haga falta hasta que la Corte Suprema de Justícia Mexicana resuelva
devolverle su puesto de trabajo. A él y a sus 44.599 compañeros. “Vamos a resistir lo que haga falta. Es una lucha por la justícia”, espeta Salcedo. Tiene 45 años y ha trabajado más de 26 como operador encargado del cableado subterráneo del centro de la ciudad de México, dentro de la empresa estatal
Luz y Fuerza del Centro (LyF). El sábado 10 de octubre vió tranquilamente el partido de la selección contra El Salvador que sirvió a los mexicanos para clasificarse en el mundial de Suráfrica. Le faltaba poco más de un año para jubilarse.
Pero mientras él disfrutaba los cuatro goles que marcó México, la policía y el ejército desalojaban los 400 centros de trabajo de LyF en la ciudad y los estados colindantes. La mañana siguiente
el gobierno anunció la liquidación de la empresa mediante la publicación de un decreto ejecutivo en el Diario oficial de la Federación (el homólogo del BOE). De los más de 44mil trabajadores que se quedaron sin empleo ese fin de semana, 17.247 se han negado a recibir la indemnización propuesta por considerar
anticonstitucional su despido y exigen la restitución de sus empleos en esa u otra compañía con continuas mobilizaciones. Salcedo es uno de ellos. Pertenece al Sindicato Mexicano de Electricistas (
SME) y ha sido uno de los diez primeros en sumarse a la huelga de hambre indefinida que ha decretado su organización después que los tribunales aceptase el pasado 21 de abril, revisar la constitucionalidad del decreto presidencial que los dejó en la calle.
Empezaron la huelga el domingo 25 y aseguran continuarla mientras no obtengan respuesta. Para ello, la han organizado escaladamente, y cada día se incorporan al ayuno alrededor de una decena de trabajadores. De momento son poco más de cien, pero según los análisis clinícos elaborados a propósito, 600 de sus afiliados tienen la voluntad y cumplen las condiciones de salud necesarias para soportar la huelga. Así que están preparados para aguantar. “Este decreto viene a
romper con todo mi proyecto de vida y el de mi família. Quiero terminar mi período laboral en una empresa que a todas luces es rentable, pese a lo que diga el gobierno”, asevera Salcedo.
Y es que el Ejecutivo justificó el cierre de la empresa por “ineficiencia operativa y financiera”, lo que “representa
un costo tan elevado que ya no resulta conveniente para la economía nacional ni para el interés público”. Y la contrapuso a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), su homóloga en otras regiones del país, y el ejemplo a seguir. Así, el propio decreto presidencial estima que el porcentaje de pérdidas totales de energía de LyF es excesivo y superior casi tres veces al de la CFE, y añade que casi ninguna empresa del mundo reporta esas pérdidas. Pero los días posteriores al cierre, el gobierno de Calderón empezó una dura campaña mediática que
acusaba directamente a los trabajadores como responsables directos del fracaso a causa de sus prestaciones laborales conseguidas después de 95 años de sindicalismo.
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