Reflexiones de un trabajador electricista

Quiero dar mi testimonio como una prueba de la lucha de los electricistas mexicanos, contra la oleada del capitalismo neoliberal, que ha llegado de mano del gobierno en forma de la extinción de la empresa paraestatal Luz y Fuerza del Centro, tratando de consumar el despido y el despojo de sus derechos a 44,600 trabajadores, a su vez afectando a 22,000 jubilados, por supuesto a sus familas. Una lucha local representa la lucha mundial.

A continuación mi vivencia, que no tiene la autoridad de las figuras publicas, políticas y sindicales, pero tiene la autoridad de quien lo vive y los sufre en carne propia. Este sitio no podría estar completo sin una experiencia personal. RCRC.

Reflexiones de un trabajador electricista

No permitir la injusticia, fue la razón más importante para mí, para seguir en la lucha

Bien, después de 7 meses las cosas se ven diferentes, pero regresaré al 10 de octubre y días subsiguientes, para tener un punto de partida de mis reflexiones.

El golpe emocional

Al enterarme de que la PFP había tomado todas las instalaciones de LyFC, llegue de inmediato al SME, éramos unos cuantos, pero en pocos minutos éramos una multitud amorfa, llena de emociones encontradas, las caras eran largas, algunas de coraje, otras con lágrimas, me dio la sensación de un funeral, pues parecía que estábamos asistiendo a la muerte de la empresa. En esos momentos nadie sabia nada en realidad, poco después Calderon dio el mensaje en los medios donde hablo del decreto de extinción, aunque no decía nada en como quedaba la empresa y los trabajadores, pero la sensación era de impotencia ante una terrible perdida y despojo.

Recuerdo que compañeros que nunca vi en las marchas o en las asambleas, ese día estaban presentes, gritando enardecidos culpando a todos, exigiendo la presencia de los miembros del Comité Central, me pareció absurdo e irreal las reacciones de muchos, pero entendibles ante el golpe emocional tan fuerte que recibimos, no cabe duda el gobierno sabia lo que hacia, quería desmoralizarnos y muchos a la primera cayeron con la moral por los suelos.

Al día siguiente platique con mi compañero Gil con quien laboraba diariamente -¿Cómo te sientes? Con la conciencia tranquila – a pesar de la campaña de difamación en los medios de comunicación contra los electricistas, después de años de trabajo, teníamos la seguridad de haber cumplido en nuestras labores, esto fue la fuerza que me permitió seguir adelante y con la frente en alto, el saberme inmerecedor del trato que el gobierno nos dispensaba, como privilegiados, holgazanes, ineficientes, vividores, prácticamente ladrones! Incluso de saqueadores de los bienes del país! Es inverosímil como los medios llegan al linchamiento de quienes estorban al gobierno, sin embargo, como trabajador conociendo la empresa un poco, sabia que muchas cosas no encajaban, otras de plano eran burdas mentiras repetidas miles de veces por los medios hasta que las hicieron verdades, empecé a desconfiar, sabia que el gobierno generalmente no dice la verdad y que atrás de una acción existen motivaciones ocultas.

Una línea de defensa

Al paso de los días el sindicato trato de reorganizarse, considere esperar para tener más información, para decidir que hacer, pues el gobierno nos ofrecía una liquidación y un bono, incluso oportunidades de trabajo con CFE, pero a condición de acudir en el plazo de un mes de lo contrario la oferta se reduciría, esto no me pareció adecuado, porque si ya esta liquidada una empresa, te pagan tu indemnización y ya! ¿Cuando el gobierno ha ofrecido bonos o regalos?, además ¿si nos iban a recontratar en CFE para que liquidar LyFC? La desconfianza en el gobierno era persistente, pero decidí esperar.

El sindicato empezó a realizar acciones legales, principalmente cuestionando la constitucionalidad del decreto, asesorados por los mejores abogados del país, una línea de defensa se estaba formando; mientras que el panorama se aclaraba, los argumentos del gobierno eran desmentidos en los medios poco a poco, el servicio eléctrico era deficiente y afectaba continuamente a la población.

Mi decisión y mis razones

Fue cuando decidí integrarme en las acciones legales promovidas por el SME y no acudir por la liquidación ofrecida por el gobierno, esto implicaba una decisión de forma y de fondo, motivándome a integrarme al movimiento de resistencia, mi convicción es permanecer en la lucha de manera decidida y hasta las últimas consecuencias, no fue fácil pero existieron fuertes razones que considere, para tomar mi decisión:

1. La liquidación que nos ofreció el gobierno, en realidad se trataba de una “renuncia voluntaria”, según documentos que hicieron firmar a los que acudieron por este ofrecimiento, además renunciaban a cualquier recurso legal derivado de inconformidad ante esta liquidación. Reflexione sobre este punto, ¿Por qué renuncia voluntaria? ¿y sí no quiero renunciar? No pueden obligarme, entonces no es como lo maneja el gobierno, pues sí fuera así simplemente te liquidan y no te dan opción. En nuestro caso, tengo el derecho de elegir entre una renuncia voluntaria o defenderme legalmente, pero aun así pensaba que el gobierno no te resolvía y quedaba en el olvido. Esta duda quedo resuelta al conocer el razonamiento del patrón sustituto.

2. La figura de patrón sustituto nos protege como trabajadores, pues diversos abogados y organizaciones nos presentaron sus argumentos, que parecían muy claros y a favor nuestro. La figura de patrón esta establecida en la Ley Federal de Trabajo y el Contrato Colectivo de Trabajo vigente, que en otras palabras dice que cuando permanece la materia de trabajo, el nuevo patrón adquiere obligaciones con los trabajadores, lo cual debía de ser aplicable a nuestro caso, pues CFE al hacerse cargo del suministro eléctrico en la zona central del país, funge como nuevo patrón. Reflexione sobre este punto, si esta establecido tan claramente, debimos ser reinstalados en nuestros puestos de trabajo, respetando nuestros derechos laborales, incluso desde el 11 de octubre, ¿Por qué el gobierno hace una gran campaña de publicidad en otro sentido? ¿Por qué dirige a los trabajadores a una renuncia voluntaria y a la perdida de sus derechos? Entiendo que el gobierno no quería a los 44,600 trabajadores, pero ¿porque deshacerse de todos?, existiendo personas muy valiosas en sus labores. A pesar de la insistente campaña en los medios, existían otras opciones, legalmente establecidas a favor nuestro, era la meta que debíamos buscar para restablecernos en nuestro trabajo.

3. La capacidad negociadora del SME, esta muy comprobada a través de sus 95 años de historia, pues todas las prestaciones laborales de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo se lograron a través del acuerdo entre las partes. Reflexione sobre este punto, el SME siempre presentó argumentos técnicos, financieros y administrativos para conseguir estas prestaciones, demostrando la viabilidad y factibilidad de las propuestas de manera que fueran aceptadas, superando en la negociación a los administradores de la empresa (entiéndase gobierno), quienes ante la incapacidad por rebatir las argumentaciones, recurrían a la cerrazón aunque finalmente aceptaran. La vocación de negociación del sindicato se demuestra en el hecho de haber recurrido solo en dos ocasiones a la huelga, en su historia. Cuando sabes que los argumentos son validos, la actitud de seguridad se convierte en combatividad, características del SME. A pesar de la campaña negativa contra el sindicato, la fuerza del SME es un hecho incuestionable, insisto en mi desconfianza del gobierno y los medios, pienso que solo puedo creerle el 10%, mientras tanto, reafirmo mi confianza en el SME como organización de lucha y defensa de los trabajadores.

4. No permitir la injusticia, fue la razón más importante para mí, para seguir en la lucha. Reflexione sobre este punto, ante las razones anteriores y la forma en que sucedió el conflicto, pude entender la acción concertada de parte de las distintas secretarias del gobierno, para debilitar al sindicato, obligando a los trabajadores a perder sus derechos, con el fin de tomar el mercado de la fibra óptica y de paso controlar el mercado eléctrico. Fui entendiendo la guerra sicológica a la que fuimos sometidos los electricistas, desde antes del decreto hasta hoy en día, la manipulación de la mente de los compañeros que fueron obligados a renunciar a su trabajo pensando que todo estaba perdido. Ante estos hechos, no permitir la injusticia es una fuerte guía para mí, basada en mis concepciones morales y espirituales, “No resistáis al mal con la violencia”, es la máxima que me dirige, que puedo interpretar como: no resistir la injusticia, con la injusticia misma ni haciendo uso de la violencia. Por lo tanto, es válido dar la lucha contra la injusticia, por medios o métodos morales.

Los días actuales
Pues aquí es donde regreso a los 7 meses de resistencia, después de marchas, mítines, plantones, de una huelga política, de la represión del gobierno; hoy en día estamos inmersos ante las infundadas acusaciones de sabotaje de las instalaciones eléctricas, acusados sin pruebas por las principales figuras políticas, declarados culpables en los juzgados de los medios de comunicación, defendiéndonos ante la impaciencia de los medios y la pasividad de la sociedad. A su vez estamos en medio de una huelga de hambre masiva, más de 24 días llevan los 93 huelguistas, poniendo cada día en riesgo su integridad, haciendo evidente la cerrazón del gobierno y el cerco informativo de los medios; algunos compañeros huelguistas ya se han retirado porque su estado de salud era delicado, mientras tanto fuera del país el interés crece día a día, la solidaridad ha ido aumentando lo cual se vuelve un respiro en esta loca carrera.

Sin embargo, siento que el debate mediático esta lejos de la realidad, pues atienden lo anecdótico y sensacional, pero casi no atienden el conflicto de fondo, desde mi humilde punto de vista, un hecho fundamental es que como trabajadores tenemos derechos, pero ante todo como seres humanos tenemos derechos mínimos, al negarnos el trabajo de una forma absurda, principalmente nos negaron el derecho a la dignidad humana y a una existencia decorosa.

Nuestros derechos laborales fueron negados desde el principio del conflicto, incluso la liquidación del gobierno era una trampa para obligarte a renunciar, las supuestas opciones de trabajo eran bajo el chantaje de primero liquídate (renuncia), aunque en realidad CFE no ha contratado a ningún trabajador de LyFC, pero no nos ofrecieron la opción del patrón sustituto, a pesar de estar establecida legalmente, ¿porqué nos negaron este derecho? Este debería ser el verdadero debate en los medios.

Mi victoria

Bien, pues les hablare sobre mí: soy un trabajador de LyFC, en enero de 2010 cumplí 20 años de antigüedad, tengo 39 años, mi nombre es Roberto C. Rojas C., practico el naturismo y el vegetarianismo, soy afín al humanismo y el pacifismo, soy un lector aficionado e internauta asiduo, estoy lleno de felicidad por la vida, cuento como única riqueza con una familia que sacar adelante, tengo muchas preocupaciones y problemas, pero con la convicción de seguir en la lucha por nuestros derechos laborales, pues nos fueron negados injustamente. Mi aportación en la lucha tal vez es modesta, pero es una contribución a la victoria que estamos construyendo diariamente. Al principio no encontraba mi lugar en este movimiento de resistencia, pues el ambiente de coraje y odio no me iba muy bien; actualmente el ambiente es distinto, pues junto con otros compañeros de ideas afines, estamos impulsando ideas en relación a : formación política, organización y logística, valores morales, no cooperación, de noviolencia, desobediencia civil, altermundismo, entre otras más.

Este conflicto lo veo como una crisis en la vida, de la cual es necesario aprender y salir adelante, tal vez por medio de una fuerte lucha, pero siento que aunque el desenlace esta lejano, ya tengo una gran victoria, consiste en no permitir que el daño que pretendían hacerme, causara daño en mi persona. Tal vez me quitaron la comida, pero esto no ha dañado mi moral, soy un sobreviviente a la guerra del gobierno contra los trabajadores; mi victoria es no permitir que la semilla del odio, naciera en mi corazón.

18 de mayo de 2010.

RCRC.

Mi convicción es permanecer en la lucha de manera decidida 

y hasta las últimas consecuencias.

Mi victoria es no permitir que la semilla del odio, naciera en mi corazón.

Las mentiras de Presidencia para acabar con Luz y Fuerza

PROCESO: Las mentiras de Presidencia para acabar con Luz y Fuerza

Daniel Lizárraga

Las verdaderas causas de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, que lanzó a la calle a por lo menos 44 mil trabajadores, siguen siendo un misterio debido a la cerrazón del gobierno calderonista, impuesta por motivos de “seguridad nacional”. Aunque el presidente Calderón defendió esa medida con argumentos como la “corrupción” e “ineficiencia” que privaban en la paraestatal, una investigación realizada durante siete meses por Proceso reveló que las dependencias gubernamentales, empezando por la Presidencia, carecen de información que sustente los dichos del mandatario y, por consiguiente, sus acciones de fuerza contra los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas.

El 11 de octubre de 2009, las televisoras interrumpieron sus programas estelares para transmitir un mensaje del presidente Felipe Calderón: la empresa paraestatal Luz y Fuerza del Centro (LFC) sería liquidada.

Serio, muy serio, de traje negro y con una pequeña bandera mexicana prendida a la solapa, Calderón actuó ante los televidentes para anunciar que esa determinación –la extinción del organismo descentralizado y el despido de 44 mil trabajadores– era inaplazable.

A pesar de que el jefe del Ejecutivo habló de pérdidas, ineficiencias y corrupción en la paraestatal, los expedientes que pudieran sustentar o documentar sus dichos fueron enviados a reserva.

En busca de esa información, Proceso emprendió una investigación que en abril pasado cumplió siete meses y a raíz de la cual el gobierno calderonista reconoció haber elaborado el expediente llamado Luz y Fuerza del Centro; Agosto del 2009 y el titulado Acta de la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación 2009.

Sin embargo, se determinó que ambos documentos sólo podrían desclasificarse después de 12 años, pues de acuerdo con las secretarías de Hacienda, de Energía y del Trabajo abrirlos antes del año 2021 sería tanto como permitir que los extrabajadores –afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)– pudieran realizar actos de sabotaje en el suministro de energía.

Al responder a un paquete de solicitudes de acceso a la información planteadas por este semanario, Hacienda sostuvo que los archivos sobre la extinción de LFC fueron reservados porque es un asunto de “seguridad nacional”, ya que los extrabajadores podrían utilizar su contenido para apelar ante los tribunales internacionales, creando con ello un clima de inestabilidad en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Para sostener esa reserva por el plazo máximo que permite la Ley de Transparencia, Hacienda destacó que el SME tiene capacidad para poner de cabeza al país mediante bloqueos en calles y autopistas, aun cuando Luz y Fuerza del Centro abasteció de energía sólo al Distrito Federal, Morelos, Puebla, Hidalgo y el Estado de México.

No obstante, al analizar la respuesta de la Secretaría de Hacienda –por petición de Proceso–, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) redujo a sólo dos años el tiempo de reserva de dichos expedientes, aunque también a su juicio contienen información sensible que “podría poner en riesgo la seguridad nacional”.

Pese a que en su mensaje Calderón utilizó dos veces la palabra “corrupción”, otras dos el término “ineficacia”, y acusó a los trabajadores de tener “prestaciones onerosas”, la investigación de este semanario determinó que en Los Pinos no cuentan con pruebas de actos de corrupción ni con datos concretos sobre las fallas técnicas, ineficiencias y privilegios sindicales que el presidente argumentó.

Más aún, al atender una de las solicitudes de acceso a la información presentadas por Proceso, la Presidencia de la República reconoció no tener registro de averiguaciones previas sobre corrupción que respaldaran el discurso del jefe del Ejecutivo.

La declaratoria oficial de inexistencia de averiguaciones previas sobre corrupción la firmaron la Coordinación de Asesores, la Coordinación de Gabinetes y Proyectos Especiales, la Dirección de Administración, la Oficina de la Presidencia de la República, la Secretaría Particular del Presidente y la Coordinación de Estrategia y Mensaje Gubernamental, encabezada por Alejandra Sota, una de las colaboradoras más cercanas del mandatario.

Otro de los integrantes del gabinete y amigo del presidente, el secretario del Trabajo, Javier Lozano, también se refirió en ruedas de prensa a los desfalcos presentados en LFC, pero también en la Secretaría del Trabajo rechazaron contar con una lista de casos sobre malversación de recursos públicos. En su respuesta oficial, incluso reportaron que buscaron documentos al respecto en la oficina de Lozano, y que nunca los hallaron.

Aun cuando la secretaria de Energía, Georgina Kessel, igualmente comentó a la prensa que en la paraestatal se registraban actos de corrupción, su equipo de trabajo no pudo precisar qué tipo de casos irregulares conocían y endosaron la responsabilidad de atender las solicitudes de información correspondientes a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Respecto de los privilegios sindicales, Kessel respondió que este tipo de casos no los conocieron de cerca y sugirió buscar esa información en el Contrato Colectivo de Trabajo.

Las “ineficiencias”

La Secretaría de Energía (Sener) pretendió documentar las ineficiencias de la empresa en el Informe de reclamaciones presentadas contra Luz y Fuerza del Centro y la Comisión Federal de Electricidad correspondiente al primer semestre del año 2009.

Pero sólo se trata de un documento de 10 páginas donde se exponen quejas de ciudadanos y empresarios por el deficiente suministro de energía o por cobros irregulares de recibos. Señala que de las 49 protestas presentadas en seis meses, el 90% correspondieron a LFC, y 10% a la CFE.

El mayor número de este tipo de quejas contra la LFC se presentaron en abril de 2009, cuando hubo 10 reportes, por cortes en el suministro de energía, por afectaciones a viviendas en obras y por cobros indebidos.

Las 44 quejas contra el servicio que prestó LFC en medio año –el último que estuvo operando– equivalen, en promedio, a siete por mes y a 1.8 por semana, según se desprende del documento referido. Pero no se estableció ningún vínculo entre estas quejas y las auditorías practicadas por la Secretaría de la Función Pública para evaluar el desempeño de los servidores públicos.

En diferentes foros, el presidente Calderón ha dicho que las ineficiencias de LFC –de manera especial los vaivenes en el voltaje– provocaron que muchos empresarios optaran por instalarse en las áreas controladas por la CFE e inclusive fuera del país.

Pero sobre este punto la Presidencia tampoco pudo aportar detalles.

Por separado, la Sener entregó una tabla según la cual en 1994 la paraestatal perdió 16.32% de la energía producida, y en 2009 la pérdida llegó a 32.45%, lo que equivale a unos 24 mil 822 millones 688 mil 700 pesos. Según los cálculos oficiales, estos números exceden los estándares internacionales.

Aunque en su mensaje Calderón habló de actos de corrupción que carcomieron a la empresa, su gobierno no abrió ni un solo expediente por delitos relacionados con malversación de recursos públicos, y en la Secretaría de la Función Pública no tienen registradas investigaciones en torno a redes de corrupción en las que pudieran haber participado funcionarios y trabajadores sindicalizados de la paraestatal.

La indagatoria más reciente, sin concluir, data del 18 de septiembre de 2009, pero de los datos disponibles se desprende que se trata de una acusación contra una persona.

Durante el actual gobierno se han abierto cinco expedientes en la Secretaría de la Función Pública relacionados con presuntas irregularidades en LFC, y únicamente dos personas resultaron sentenciadas por cohecho (recibir dádivas a cambio de hacer algo ilegal): Marco Antonio Morales Castañeda (23 de julio de 2007) y Jorge Ávila Pérez (14 de enero de 2009).

Otras tres investigaciones siguen abiertas, sin que por lo pronto pueda conocerse la identidad de los acusados. No obstante, las pesquisas hasta el momento indican que se trata de personas que no tienen relación entre sí y que no forman parte de redes corruptas.

Si se amplía históricamente la falta de pesquisas y de sentencias condenatorias por desvíos del erario, el saldo es aún más pobre.

Entre 1998 y 2009 –esto es, entre el último gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y las dos administraciones del Partido Acción Nacional (PAN)–, la Secodam y posterior Secretaría de la Función Pública hicieron nueve investigaciones, de las cuales en sólo tres casos lograron que se castigara por cohecho a Alejandro Carrasco Silva (el 21 de mayo de 1998) y, como ya se mencionó, a Marco Antonio Morales Castañeda (el 23 de julio de 2007) y a Jorge Ávila Pérez (14 de enero de 2009).

En otros expedientes las autoridades no pudieron comprobar actos de corrupción.

El caso más representativo implica a una red de extrabajadores –vinculada a la dirigencia nacional del SME– que presuntamente se dedicaban a extorsionar a empresarios.

En 2003, la Secodam capturó a Mario Garfias –inspector y hermano de uno de los líderes del SME–, Gustavo Vanegas, Jesús Nájera y Enrique Martínez –funcionarios de nivel medio– cuando cobraban un soborno de 45 mil pesos a cambio de no cortar el suministro de energía a la empresa Cepra Servicios, la cual supuestamente tenía un adeudo de 192 mil pesos.

Estos empleados fueron detenidos en los baños de un restaurante Sanborns en la Ciudad de México, justo en el momento en que les entregarían un sobre con parte del dinero. Los implicados terminaron tras las rejas. Pero tiempo después la empresa se echó para atrás en la demanda, el SME se volcó para apoyar a sus compañeros y el gobierno cometió errores en la presentación de los hechos ante un juez, lo que facilitó el hecho de que los aprehendidos quedaran libres mediante un amparo y sólo fueran inhabilitados para volver a ejercer cargos públicos por dos años.

Por separado, la PGR tiene en sus archivos 14 averiguaciones previas sobre presuntas irregularidades cometidas en la historia de LFC. Todas ellas corresponden sólo al gobierno de Calderón, aunque ninguna concluyó antes de la desaparición de la empresa. Hasta el momento siete de esos expedientes permanecen abiertos.

La PGR no informó respecto de las fechas precisas en que iniciaron tales indagatorias, pero pudo determinarse que seis de ellas corresponden a 2009 y una a 2008.

Además, existe otro grupo de averiguaciones (seis en total) que permanecen en la reserva. Esto es, que se quedarán congeladas hasta que existan más pruebas. De estos archivos, uno corresponde al año 2007, dos a 2008 y tres a 2009.

El alud de denuncias

El domingo 11 de octubre de 2009, Calderón tardó 10 minutos con 24 segundos para explicar la extinción de LFC y la liquidación de 44 mil trabajadores.

En los alegatos enviados al IFAI para mantener la reserva de dos archivos especiales, la Secretaría de Hacienda destacó que no era posible soslayar que el número de trabajadores pertenecientes al SME representó para el gobierno ciertos riesgos sociales.

“El conflicto ya ha sido utilizado políticamente por diversos actores y agrupaciones sociales cuya intención pareciera ser no sólo mantenerlo, sino avivarlo”, estimó Hacienda en un informe enviado al comisionado del IFAI, Ángel Trinidad Zaldívar.

Aunque fueron escasas y poco significativas las averiguaciones previas por irregularidades antes de que desapareciera LFC, el gobierno de Calderón sí canalizó numerosas denuncias y abrió investigaciones contra los trabajadores electricistas en cuanto iniciaron las protestas por la extinción de la paraestatal.

Hasta abril pasado, la PGR mantenía abiertas 250 averiguaciones contra líderes y miembros del SME. Además, se redactaron 26 actas circunstanciadas –sobre posibles delitos– y, sobre todo, figuraban ya 19 expedientes en manos de jueces federales.

El desglose de las averiguaciones previas respecto de los presuntos delitos cometidos es el siguiente: 111 por robo, 67 por sabotaje, 11 por amenazas, 7 por ataques a las vías generales de comunicación, 6 por actos contra el consumo y la riqueza nacional, 5 por oponerse a la ejecución de obras, 5 por lesiones y 2 por fraude, además de otras 36 en las que igual número de personas son acusadas de diversos delitos.

Hacienda le dio al SME un trato de grupo extremista con capacidad de poner en riesgo la seguridad nacional por medio de sabotajes. Una de sus pruebas consistió en un resumen de 18 noticias sobre bloqueos en calles, desórdenes, marchas, riñas en mítines y la protesta realizada ante la casa del secretario del Trabajo.

Pero el comportamiento y el perfil de los extrabajadores sindicalizados no se ajustan a las características de un grupo extremista: El SME puso en internet su plan de acción y una cuenta bancaria para allegarse fondos, sus líderes son conocidos y decenas de sus integrantes se hallan expuestos públicamente en huelgas de hambre… 

Extraído de la revista proceso:
http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/79183

http://www.proceso.com.mx/

Huelga de hambre contra el despido de 44.600 electricistas en México

Huelga de hambre contra el despido de 44.600 electricistas

El Gobierno cerró en octubre los 400 centros de la empresa estatal en la que trabajaban

Denuncian que se trata de una privatización y transnacionalización de la industria eléctrica

Actualmente el 30% está en manos privadas, la mayoría empresas españolas

06.05.2010 · periodismohumano · Maria Josep Siscar Banyuls (México)

Manifestación por LyF. (AP Photo / Eduardo Verdugo)

Zócalo de la Ciudad de México. Mediodía. 28 grados a la sombra. Arden las piedras que revisten una de las plazas más grande del mundo. Roberto Salcedo siente el estómago cómo revuelto. Hace 10 días que no come y ya no sabe distinguir la sensación de hambre. Las ojeras se le están ahondando y reconoce estar un poco cansado, sobretodo por el calor, pues aunque una carpa le protege del sol, la lona blanca produce efecto invernadero. Aún así, sigue dispuesto a continuar el tiempo que haga falta hasta que la Corte Suprema de Justícia Mexicana resuelva devolverle su puesto de trabajo. A él y a sus 44.599 compañeros. “Vamos a resistir lo que haga falta. Es una lucha por la justícia”, espeta Salcedo. Tiene 45 años y ha trabajado más de 26 como operador encargado del cableado subterráneo del centro de la ciudad de México, dentro de la empresa estatal Luz y Fuerza del Centro (LyF). El sábado 10 de octubre vió tranquilamente el partido de la selección contra El Salvador que sirvió a los mexicanos para clasificarse en el mundial de Suráfrica. Le faltaba poco más de un año para jubilarse.

Pero mientras él disfrutaba los cuatro goles que marcó México, la policía y el ejército desalojaban los 400 centros de trabajo de LyF en la ciudad y los estados colindantes. La mañana siguiente el gobierno anunció la liquidación de la empresa mediante la publicación de un decreto ejecutivo en el Diario oficial de la Federación (el homólogo del BOE). De los más de 44mil trabajadores que se quedaron sin empleo ese fin de semana, 17.247 se han negado a recibir la indemnización propuesta por considerar anticonstitucional su despido y exigen la restitución de sus empleos en esa u otra compañía con continuas mobilizaciones. Salcedo es uno de ellos. Pertenece al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y ha sido uno de los diez primeros en sumarse a la huelga de hambre indefinida que ha decretado su organización después que los tribunales aceptase el pasado 21 de abril, revisar la constitucionalidad del decreto presidencial que los dejó en la calle.

Empezaron la huelga el domingo 25 y aseguran continuarla mientras no obtengan respuesta. Para ello, la han organizado escaladamente, y cada día se incorporan al ayuno alrededor de una decena de trabajadores. De momento son poco más de cien, pero según los análisis clinícos elaborados a propósito, 600 de sus afiliados tienen la voluntad y cumplen las condiciones de salud necesarias para soportar la huelga. Así que están preparados para aguantar. “Este decreto viene a romper con todo mi proyecto de vida y el de mi família. Quiero terminar mi período laboral en una empresa que a todas luces es rentable, pese a lo que diga el gobierno”, asevera Salcedo.

Y es que el Ejecutivo justificó el cierre de la empresa por “ineficiencia operativa y financiera”, lo que “representa un costo tan elevado que ya no resulta conveniente para la economía nacional ni para el interés público”. Y la contrapuso a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), su homóloga en otras regiones del país, y el ejemplo a seguir. Así, el propio decreto presidencial estima que el porcentaje de pérdidas totales de energía de LyF es excesivo y superior casi tres veces al de la CFE, y añade que casi ninguna empresa del mundo reporta esas pérdidas. Pero los días posteriores al cierre, el gobierno de Calderón empezó una dura campaña mediática que acusaba directamente a los trabajadores como responsables directos del fracaso a causa de sus prestaciones laborales conseguidas después de 95 años de sindicalismo.



“Desafortunadamente la mayor parte de los recursos que recibía (LyF) iban fundamentalmente a pagar los privilegios y prestaciones onerosas de carácter laboral y esto se agravaba año por año”, declaró el presidente Felipe Calderón en la cadena nacional el 11 de octubre. “Más allá de la discusión de si debería liquidarse o no la compañía de luz, el procedimiento legal para hacerlo era muy diferente e incluía la negociación con el sindicato. En la práctica se han pasado por encima de todos las disposiciones mexicanas e internacionales”, subraya Hector De la Cueva, Coordinador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical. Pero además hay que aclarar que el salario promedio de un electricista es de 6.000 pesos (unos 360 euros) que equivale aproximadamente al costo real de la canasta básica de una familia media de 4 personas. Aparte tenían prestaciones, pero según De la Cueva, éstas “no eran para nada exageradas, aunque sí fruto de las conquistas laborales de un siglo de tener un sindicato fuerte”. El laboralista asegura que la campaña contra el SME estuvo “llena de mentiras” desde el punto que para financiar el contrato colectivo de los trabajadores sólo se destinaba la cuarta parte de los ingresos de la compañía.

En México alrededor de la mitad de la población activa trabaja en la economía informal, sin ningún tipo de derechos, ni siquiera el acceso gratuito a atención médica más allá de enfermedades básicas. La otra mitad, se encuentra frecuentemente con empleos temporales, tercerización o sin más derechos laborales que los básicos, que son ínfimos. El sueldo mínimo estipulado por ley son 1500 pesos mensuales (unos 90 euros). Un operario base de Luz y Fuerza empezaba ganando alrededor de 2500 pesos, gracias a la trayectoria del SME. “El gobierno primero crea y consolida la miseria, la precarización del trabajo y la economía informal, y entonces lanza una campaña que quienes tienen un empleo con algunos derechos, es decir que no están en la calle y tienen seguro social, son unos aprovechados. Cuando debería ser al revés, tendríamos que intentar que toda la gente tenga un empleo digno con las mismas prestaciones que tenían los electricistas”, denuncia De La Cueva.

Sin embargo, el discurso oficial sí ha calado en la opinión pública, que ha estigmatizado a trabajadores del SME, tal como cuenta Salcedo: “He tratado de buscar trabajo de electricista, pero ni yo ni mis compañeros encontramos, estamos boletinados. El gobierno nos ha señalado de tan fea manera que no nos quieren en los trabajos por andar en la lucha”, narra mientras sus compañeros asienten. La mayoría se han topado con esa situación, sean operarios, ingenieros o contadores. Pero estos seis meses sin cobro ya les están pasando factura. “Ya me acabé todos mis ahorros. Tengo a mi hijo en una universidad privada y este es el último cuatrimestre que le podré pagar, mi niña cumple 15 años en octubre y no voy a poder hacerle su fiesta, definitivamente se ha roto no sólo mi proyecto vital sinó el de mi família. Es una situación muy difícil, ahora sólo me queda vender mi carro”, relata Salcedo.

Aún así están dispuestos a continuar adelante. “Ponemos en riesgo nuestra vida para reclamar lo que nos pertenece y mostrarle al mundo que en México se violan todos los días los derechos laborales, civiles, humanos, gracias a privilegiar a las grandes empresas”, declaró el líder del SME, Martín Esparza, en el inicio de la huelga. Para el sindicato los intereses que se esconden detrás del cierre de Luz y Fuerza van mucho más allá de sanear la economía nacional. “La industria eléctrica tiene muchas posibilidades de desarrollo, y hay la posibilidad de cedérsela a capitales privados nacionales y transnacionales. Además ahora se le suma el negocio de la fibra óptica. Tenemos 1100 km de fibra óptica y el monto de esta venta para el acceso a las telecomunicaciones son 6000 millones de dólares anuales sólo en la zona que nosotros operamos”, explica Amescua. Coincide con él, el político príista Manuel Bartlett, ex gobernador del estado de Puebla -donde también operaba Luz y Fuerza- quien asegura que Calderón “quiere acabar a toda costa con el SME porque le estorba en la ambición de quedarse con el gran negocio eléctrico, que incluye además servicios adicionales de telecomunicaciones, a través de la red de fibra óptica.”

Aunque la Constitución de México establece la gestión estatal de la electricidad, ya en el año 1992 el presidente Carlos Salinas permitió la entrada de capital privado, y ahora mismo, el 30% de la generación de la energía electrica en México, está en manos privadas, del cuál el 70% lo controlan las empresas españolas Iberdrola, Gas Natural y Unión Fenosa. Según se detalla en el informe “Atlas de la Energía” del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), la producción de Iberdrola en el 2007 supuso el 11% del total de energía eléctrica generada en todo el país. Lo que constituyó para la compañía el 5% de sus beneficios brutos, por lo cuál, Iberdrola ubica a México dentro de la “zona clave para la internacionalización y crecimiento” de la empresa.

Sin embargo, tanto Iberdrola, como Gas Natural acumulan numerosas denuncias e irregularidades por aumento de las tarifas, mala calidad del servicio, fugas e impacto ambiental. Y es que esta incipiente privatización no va acompañada de beneficios para los usuarios. A seis meses que la CFE asumiera, junto a contratistas privados, el trabajo de LyF, el la calidad del suministro ha empeorado. Según la Confederación Patronal del Distrito Federal, el servicio eléctrico ha fallado el 30% de los días desde que desapareció LyF, con apagones de hasta 8 horas que han afectado a más de un millón de personas y han generado pérdidas que alcanzarían el millón de euros, sobretodo entre la pequeña y mediana empresa que no puede costearse plantas generadoras de emergencia. Salcedo y sus compañeros no pueden entender tanta “desídia” del gobierno y reiteran que les recontraten para que se vuelva a la normalidad.

 http://periodismohumano.com/economia/huelga-de-hambre-por-44-600-electricistas-despedidos.html