Las mentiras de Presidencia para acabar con Luz y Fuerza

PROCESO: Las mentiras de Presidencia para acabar con Luz y Fuerza

Daniel Lizárraga

Las verdaderas causas de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, que lanzó a la calle a por lo menos 44 mil trabajadores, siguen siendo un misterio debido a la cerrazón del gobierno calderonista, impuesta por motivos de “seguridad nacional”. Aunque el presidente Calderón defendió esa medida con argumentos como la “corrupción” e “ineficiencia” que privaban en la paraestatal, una investigación realizada durante siete meses por Proceso reveló que las dependencias gubernamentales, empezando por la Presidencia, carecen de información que sustente los dichos del mandatario y, por consiguiente, sus acciones de fuerza contra los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas.

El 11 de octubre de 2009, las televisoras interrumpieron sus programas estelares para transmitir un mensaje del presidente Felipe Calderón: la empresa paraestatal Luz y Fuerza del Centro (LFC) sería liquidada.

Serio, muy serio, de traje negro y con una pequeña bandera mexicana prendida a la solapa, Calderón actuó ante los televidentes para anunciar que esa determinación –la extinción del organismo descentralizado y el despido de 44 mil trabajadores– era inaplazable.

A pesar de que el jefe del Ejecutivo habló de pérdidas, ineficiencias y corrupción en la paraestatal, los expedientes que pudieran sustentar o documentar sus dichos fueron enviados a reserva.

En busca de esa información, Proceso emprendió una investigación que en abril pasado cumplió siete meses y a raíz de la cual el gobierno calderonista reconoció haber elaborado el expediente llamado Luz y Fuerza del Centro; Agosto del 2009 y el titulado Acta de la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación 2009.

Sin embargo, se determinó que ambos documentos sólo podrían desclasificarse después de 12 años, pues de acuerdo con las secretarías de Hacienda, de Energía y del Trabajo abrirlos antes del año 2021 sería tanto como permitir que los extrabajadores –afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)– pudieran realizar actos de sabotaje en el suministro de energía.

Al responder a un paquete de solicitudes de acceso a la información planteadas por este semanario, Hacienda sostuvo que los archivos sobre la extinción de LFC fueron reservados porque es un asunto de “seguridad nacional”, ya que los extrabajadores podrían utilizar su contenido para apelar ante los tribunales internacionales, creando con ello un clima de inestabilidad en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Para sostener esa reserva por el plazo máximo que permite la Ley de Transparencia, Hacienda destacó que el SME tiene capacidad para poner de cabeza al país mediante bloqueos en calles y autopistas, aun cuando Luz y Fuerza del Centro abasteció de energía sólo al Distrito Federal, Morelos, Puebla, Hidalgo y el Estado de México.

No obstante, al analizar la respuesta de la Secretaría de Hacienda –por petición de Proceso–, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) redujo a sólo dos años el tiempo de reserva de dichos expedientes, aunque también a su juicio contienen información sensible que “podría poner en riesgo la seguridad nacional”.

Pese a que en su mensaje Calderón utilizó dos veces la palabra “corrupción”, otras dos el término “ineficacia”, y acusó a los trabajadores de tener “prestaciones onerosas”, la investigación de este semanario determinó que en Los Pinos no cuentan con pruebas de actos de corrupción ni con datos concretos sobre las fallas técnicas, ineficiencias y privilegios sindicales que el presidente argumentó.

Más aún, al atender una de las solicitudes de acceso a la información presentadas por Proceso, la Presidencia de la República reconoció no tener registro de averiguaciones previas sobre corrupción que respaldaran el discurso del jefe del Ejecutivo.

La declaratoria oficial de inexistencia de averiguaciones previas sobre corrupción la firmaron la Coordinación de Asesores, la Coordinación de Gabinetes y Proyectos Especiales, la Dirección de Administración, la Oficina de la Presidencia de la República, la Secretaría Particular del Presidente y la Coordinación de Estrategia y Mensaje Gubernamental, encabezada por Alejandra Sota, una de las colaboradoras más cercanas del mandatario.

Otro de los integrantes del gabinete y amigo del presidente, el secretario del Trabajo, Javier Lozano, también se refirió en ruedas de prensa a los desfalcos presentados en LFC, pero también en la Secretaría del Trabajo rechazaron contar con una lista de casos sobre malversación de recursos públicos. En su respuesta oficial, incluso reportaron que buscaron documentos al respecto en la oficina de Lozano, y que nunca los hallaron.

Aun cuando la secretaria de Energía, Georgina Kessel, igualmente comentó a la prensa que en la paraestatal se registraban actos de corrupción, su equipo de trabajo no pudo precisar qué tipo de casos irregulares conocían y endosaron la responsabilidad de atender las solicitudes de información correspondientes a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Respecto de los privilegios sindicales, Kessel respondió que este tipo de casos no los conocieron de cerca y sugirió buscar esa información en el Contrato Colectivo de Trabajo.

Las “ineficiencias”

La Secretaría de Energía (Sener) pretendió documentar las ineficiencias de la empresa en el Informe de reclamaciones presentadas contra Luz y Fuerza del Centro y la Comisión Federal de Electricidad correspondiente al primer semestre del año 2009.

Pero sólo se trata de un documento de 10 páginas donde se exponen quejas de ciudadanos y empresarios por el deficiente suministro de energía o por cobros irregulares de recibos. Señala que de las 49 protestas presentadas en seis meses, el 90% correspondieron a LFC, y 10% a la CFE.

El mayor número de este tipo de quejas contra la LFC se presentaron en abril de 2009, cuando hubo 10 reportes, por cortes en el suministro de energía, por afectaciones a viviendas en obras y por cobros indebidos.

Las 44 quejas contra el servicio que prestó LFC en medio año –el último que estuvo operando– equivalen, en promedio, a siete por mes y a 1.8 por semana, según se desprende del documento referido. Pero no se estableció ningún vínculo entre estas quejas y las auditorías practicadas por la Secretaría de la Función Pública para evaluar el desempeño de los servidores públicos.

En diferentes foros, el presidente Calderón ha dicho que las ineficiencias de LFC –de manera especial los vaivenes en el voltaje– provocaron que muchos empresarios optaran por instalarse en las áreas controladas por la CFE e inclusive fuera del país.

Pero sobre este punto la Presidencia tampoco pudo aportar detalles.

Por separado, la Sener entregó una tabla según la cual en 1994 la paraestatal perdió 16.32% de la energía producida, y en 2009 la pérdida llegó a 32.45%, lo que equivale a unos 24 mil 822 millones 688 mil 700 pesos. Según los cálculos oficiales, estos números exceden los estándares internacionales.

Aunque en su mensaje Calderón habló de actos de corrupción que carcomieron a la empresa, su gobierno no abrió ni un solo expediente por delitos relacionados con malversación de recursos públicos, y en la Secretaría de la Función Pública no tienen registradas investigaciones en torno a redes de corrupción en las que pudieran haber participado funcionarios y trabajadores sindicalizados de la paraestatal.

La indagatoria más reciente, sin concluir, data del 18 de septiembre de 2009, pero de los datos disponibles se desprende que se trata de una acusación contra una persona.

Durante el actual gobierno se han abierto cinco expedientes en la Secretaría de la Función Pública relacionados con presuntas irregularidades en LFC, y únicamente dos personas resultaron sentenciadas por cohecho (recibir dádivas a cambio de hacer algo ilegal): Marco Antonio Morales Castañeda (23 de julio de 2007) y Jorge Ávila Pérez (14 de enero de 2009).

Otras tres investigaciones siguen abiertas, sin que por lo pronto pueda conocerse la identidad de los acusados. No obstante, las pesquisas hasta el momento indican que se trata de personas que no tienen relación entre sí y que no forman parte de redes corruptas.

Si se amplía históricamente la falta de pesquisas y de sentencias condenatorias por desvíos del erario, el saldo es aún más pobre.

Entre 1998 y 2009 –esto es, entre el último gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y las dos administraciones del Partido Acción Nacional (PAN)–, la Secodam y posterior Secretaría de la Función Pública hicieron nueve investigaciones, de las cuales en sólo tres casos lograron que se castigara por cohecho a Alejandro Carrasco Silva (el 21 de mayo de 1998) y, como ya se mencionó, a Marco Antonio Morales Castañeda (el 23 de julio de 2007) y a Jorge Ávila Pérez (14 de enero de 2009).

En otros expedientes las autoridades no pudieron comprobar actos de corrupción.

El caso más representativo implica a una red de extrabajadores –vinculada a la dirigencia nacional del SME– que presuntamente se dedicaban a extorsionar a empresarios.

En 2003, la Secodam capturó a Mario Garfias –inspector y hermano de uno de los líderes del SME–, Gustavo Vanegas, Jesús Nájera y Enrique Martínez –funcionarios de nivel medio– cuando cobraban un soborno de 45 mil pesos a cambio de no cortar el suministro de energía a la empresa Cepra Servicios, la cual supuestamente tenía un adeudo de 192 mil pesos.

Estos empleados fueron detenidos en los baños de un restaurante Sanborns en la Ciudad de México, justo en el momento en que les entregarían un sobre con parte del dinero. Los implicados terminaron tras las rejas. Pero tiempo después la empresa se echó para atrás en la demanda, el SME se volcó para apoyar a sus compañeros y el gobierno cometió errores en la presentación de los hechos ante un juez, lo que facilitó el hecho de que los aprehendidos quedaran libres mediante un amparo y sólo fueran inhabilitados para volver a ejercer cargos públicos por dos años.

Por separado, la PGR tiene en sus archivos 14 averiguaciones previas sobre presuntas irregularidades cometidas en la historia de LFC. Todas ellas corresponden sólo al gobierno de Calderón, aunque ninguna concluyó antes de la desaparición de la empresa. Hasta el momento siete de esos expedientes permanecen abiertos.

La PGR no informó respecto de las fechas precisas en que iniciaron tales indagatorias, pero pudo determinarse que seis de ellas corresponden a 2009 y una a 2008.

Además, existe otro grupo de averiguaciones (seis en total) que permanecen en la reserva. Esto es, que se quedarán congeladas hasta que existan más pruebas. De estos archivos, uno corresponde al año 2007, dos a 2008 y tres a 2009.

El alud de denuncias

El domingo 11 de octubre de 2009, Calderón tardó 10 minutos con 24 segundos para explicar la extinción de LFC y la liquidación de 44 mil trabajadores.

En los alegatos enviados al IFAI para mantener la reserva de dos archivos especiales, la Secretaría de Hacienda destacó que no era posible soslayar que el número de trabajadores pertenecientes al SME representó para el gobierno ciertos riesgos sociales.

“El conflicto ya ha sido utilizado políticamente por diversos actores y agrupaciones sociales cuya intención pareciera ser no sólo mantenerlo, sino avivarlo”, estimó Hacienda en un informe enviado al comisionado del IFAI, Ángel Trinidad Zaldívar.

Aunque fueron escasas y poco significativas las averiguaciones previas por irregularidades antes de que desapareciera LFC, el gobierno de Calderón sí canalizó numerosas denuncias y abrió investigaciones contra los trabajadores electricistas en cuanto iniciaron las protestas por la extinción de la paraestatal.

Hasta abril pasado, la PGR mantenía abiertas 250 averiguaciones contra líderes y miembros del SME. Además, se redactaron 26 actas circunstanciadas –sobre posibles delitos– y, sobre todo, figuraban ya 19 expedientes en manos de jueces federales.

El desglose de las averiguaciones previas respecto de los presuntos delitos cometidos es el siguiente: 111 por robo, 67 por sabotaje, 11 por amenazas, 7 por ataques a las vías generales de comunicación, 6 por actos contra el consumo y la riqueza nacional, 5 por oponerse a la ejecución de obras, 5 por lesiones y 2 por fraude, además de otras 36 en las que igual número de personas son acusadas de diversos delitos.

Hacienda le dio al SME un trato de grupo extremista con capacidad de poner en riesgo la seguridad nacional por medio de sabotajes. Una de sus pruebas consistió en un resumen de 18 noticias sobre bloqueos en calles, desórdenes, marchas, riñas en mítines y la protesta realizada ante la casa del secretario del Trabajo.

Pero el comportamiento y el perfil de los extrabajadores sindicalizados no se ajustan a las características de un grupo extremista: El SME puso en internet su plan de acción y una cuenta bancaria para allegarse fondos, sus líderes son conocidos y decenas de sus integrantes se hallan expuestos públicamente en huelgas de hambre… 

Extraído de la revista proceso:
http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/79183

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